Tres casos, con sus fuentes
Cómo se hizo en otros países
Chile no es el primer país donde se plantea esto, y conviene decirlo antes que cualquier otra cosa. Australia lleva una década con una política de adquisiciones indígenas, Canadá tiene desde 1996 un banco de propiedad y control indígena, y las compañías mineras que operan en el norte de Chile aplican en otras jurisdicciones programas de abastecimiento que aquí recién comienzan. Estos tres casos no se presentan como modelos a copiar, sino porque permiten comparar, y porque en ellos se repite una lección: la autonomía económica de los pueblos indígenas no avanzó por declaraciones, avanzó cuando existió infraestructura capaz de sostenerla.
Uno coma tres por ciento
La misma compañía, la misma política, tres países. En Chile compra a empresas indígenas cinco veces menos, en proporción, que en Australia.
Conviene empezar por una cifra que la propia compañía publica y que explica por qué esto no es un asunto de relaciones comunitarias: más del 90% de las operaciones de BHP están emplazadas sobre tierras tradicionales de pueblos indígenas, o en sus inmediaciones. No es una porción del negocio. Es el negocio.
En su ejercicio fiscal 2025 la compañía declaró un gasto directo global con empresas indígenas de 853 millones de dólares, un 40% superior al del ejercicio anterior, distribuido entre 318 proveedores. Interesa el desglose, pero interesa todavía más leerlo contra lo que gasta en proveedores en cada país.
| País | Gasto con proveedores (millones de US$) | Con empresas indígenas (millones de US$) | Proporción |
|---|---|---|---|
| Canadá | 2.500 | 323 | 12,9% |
| Australia | 7.300 | 505 | 6,9% |
| Chile | 1.800 | 24 | 1,3% |
Cabe destacar que no se trata de un compromiso declarativo. El gasto con proveedores indígenas integra el cuadro de mando con el que se determina la remuneración variable de la alta dirección: la meta fijada para el ejercicio fue de 356 millones de dólares y el resultado, en los términos del propio informe, excedió significativamente lo requerido para alcanzar el máximo. En esa compañía, comprarle a una empresa indígena no depende de la sensibilidad de quien firma la orden. Está presupuestado y está remunerado.
Cabe preguntarse entonces a qué obedece la diferencia, tratándose de la misma empresa con el mismo cuadro de mando en los tres países. A nuestro juicio no es de voluntad ni de presupuesto, y el propio informe deja la pista en una nota al pie: las definiciones de empresa indígena que la compañía aplica varían según la ubicación en que opera. En Australia y en Canadá puede apoyarse en instituciones que verifican con estándar. En Chile, hasta hace poco, no había en qué apoyarse. Un área de abastecimiento que no puede acreditar a un proveedor no lo incorpora a su reporte, y un proveedor que no entra al reporte no recibe la orden de compra. La barrera no fue ideológica: fue de infraestructura.
El contraste dentro del mismo informe termina de ilustrarlo. Lo que la compañía reporta en Chile respecto de pueblos indígenas son procesos de consentimiento libre, previo e informado en Escondida y Cerro Colorado, acuerdos con seis comunidades, y un programa de becas escolares y universitarias. Todo aquello es relevante y ninguno de esos instrumentos es compra. En Australia, en cambio, solo la operación de mineral de hierro de Australia Occidental reporta un gasto superior a 500 millones de dólares australianos, de los cuales más de 300 millones fueron con 67 empresas de Traditional Owners.
Qué toma Chile de esto
La demanda ya existe, está presupuestada y está atada a la remuneración de quien decide. Lo que faltaba de este lado era una oferta verificable, y esa es exactamente la brecha que el Catastro, el Directorio y el Sello vienen a cerrar.
BHP, Annual Report 2025, ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025. Las cifras de gasto indígena por país constan en el apartado de abastecimiento indígena; las de gasto total con proveedores, en el cuadro de contribución económica por país; la meta y el resultado, en el apartado de remuneraciones.
Australia: una política de compras, y un registro que la hace posible
El Estado australiano fija metas obligatorias. Supply Nation resuelve el problema que esas metas crean.
Desde 2015 el Estado australiano opera la Indigenous Procurement Policy, cuyo objetivo declarado es estimular el emprendimiento, la empresa y el desarrollo económico indígena. La política fija dos metas simultáneas a los organismos públicos: que al menos el 3% del número de contratos elegibles y el 2,25% de su valor total se adjudiquen a empresas indígenas.
Los resultados que reporta la National Indigenous Australians Agency, entre 2015 y febrero de 2026, superan los 13.500 millones de dólares australianos en oportunidades de contratación, a través de más de 86.000 contratos adjudicados a más de 4.700 empresas indígenas. Conviene leer esas cifras como pisos y no como totales exactos: la agencia las publica precedidas de «más de». A ello se suma una regla que no tiene equivalente en Chile: los contratos íntegramente ejecutados en Australia por 7,5 millones de dólares australianos o más, en diecinueve categorías industriales determinadas, quedan sujetos a requisitos mínimos obligatorios de participación indígena.
Ahora bien, una política de metas plantea de inmediato un problema práctico: alguien tiene que poder decir quién es una empresa indígena, y hacerlo de manera que resista una auditoría. Ese es el rol de Supply Nation, fundada en 2009, que mantiene el registro nacional al que los compradores consultan. Su estándar distingue dos estados, y la distinción es instructiva.
- Registered
- La categoría Registered exige 50% o más de propiedad indígena. La propia organización explica que ese umbral existe para dar cabida a sociedades en partes iguales con socios no indígenas.
- Certified
- La categoría Certified exige 51% o más de propiedad, gestión y control indígena, con participación de personas indígenas en la administración cotidiana de la empresa.
Qué toma Chile de esto
Dos cosas, y conviene separarlas. La primera es la arquitectura: la política de compras y el registro que la verifica son piezas distintas, y la política no funciona sin el registro. La segunda es el estándar, donde la comparación exige precisión. El Sello Empresa Indígena exige 50% del capital más gestión y control, o sea el umbral de propiedad de la categoría Registered australiana combinado con las exigencias de la Certified. La diferencia con el 51% no es de rigor sino de aritmética societaria: 51% asegura mayoría absoluta en cualquier votación, 50% admite el empate. Es una diferencia menor, pero conviene tenerla presente cuando se comparen registros de distintos países, porque no están midiendo exactamente lo mismo.
National Indigenous Australians Agency, Indigenous Procurement Policy, cifras acumuladas a febrero de 2026. Supply Nation, criterios de registro y certificación.
Canadá: la autonomía por la vía del financiamiento
El First Nations Bank of Canada no nació indígena. Se volvió indígena, y eso es lo interesante.
El First Nations Bank of Canada recibió su carta bancaria en noviembre de 1996. No fue una fundación indígena en sentido estricto: nació como una alianza entre la Saskatchewan Indian Equity Foundation, la Federation of Saskatchewan Indian Nations y el TD Bank, o sea con un banco comercial no indígena como socio. La propia institución describe su origen como un paso importante hacia la autosuficiencia económica indígena.
Lo que hace interesante al caso no es el punto de partida sino la trayectoria. Con efecto al 1 de noviembre de 2009 el banco pasó a estar, en sus propios términos, en más de un 80% de propiedad y bajo control de accionistas indígenas de Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukón, los Territorios del Noroeste, Nunavut y Quebec. Hoy opera nueve sucursales de servicio completo y una red de centros de banca comunitaria, varios de ellos emplazados en reservas.
A nuestro juicio hay dos lecciones acá, y la segunda importa más que la primera. La primera es que el control se puede construir por etapas. Una alianza inicial con un actor no indígena no es una renuncia si el acuerdo contempla desde el principio la transferencia progresiva de la propiedad. Es, en rigor, la aplicación financiera de una idea que este ecosistema sostiene en otros planos: tomar lo mejor de lo que ya funciona para fortalecer lo propio, sin quedar dependiendo de ello.
La segunda es que las compras corporativas no son el único camino a la autonomía económica, y probablemente no sean el más profundo. Una empresa que vende a una gran compañía depende de que esa compañía siga comprando. Una comunidad que controla su propia institución financiera decide a quién le presta. Este ecosistema trabaja hoy sobre el primer camino porque es el que se puede sostener con infraestructura verificable en el corto plazo, pero sería un error confundir el tramo con el destino.
Qué toma Chile de esto
Que la agenda no termina en el abastecimiento. El acceso al crédito y al capital es el tramo siguiente, y hoy en Chile no tiene ninguna institución detrás.
First Nations Bank of Canada, información institucional propia.